México cuenta con recursos prospectivos de gas no convencional, pero desarrollar una industria de fracking requeriría inversiones de miles de millones de dólares, nuevas reglas, infraestructura especializada y hasta una década de preparación. La posibilidad de avanzar en las cuencas de Burgos y Sabinas-Burro-Picachos permanece condicionada a nuevas evaluaciones, mientras que Tampico-Misantla quedó fuera de esta ruta.
El debate cobró relevancia en agosto de 2026, después de que un comité científico convocado por la administración de Claudia Sheinbaum presentara recomendaciones sobre el aprovechamiento de los yacimientos no convencionales. Entre las condiciones planteadas están comprobar la disponibilidad de agua salada profunda y determinar cuánto gas podría extraerse de manera económica y ambientalmente viable.
Una industria que no comenzaría de inmediato
El paso de los proyectos piloto a una producción capaz de modificar el sistema energético nacional podría tomar entre siete y diez años. Primero serían necesarios estudios técnicos, permisos y evaluaciones ambientales; posteriormente se realizarían perforaciones piloto para medir la productividad de los pozos, los costos y la disponibilidad de infraestructura.
El potencial estimado de 141.5 billones de pies cúbicos de gas no convencional representa un punto de partida, no una reserva probada. El volumen aprovechable todavía tendría que confirmarse mediante trabajos de exploración y análisis sobre la viabilidad comercial de los recursos.
La inversión sería uno de los principales desafíos
Una fase piloto en la cuenca de Burgos podría requerir entre 2 mil y 3 mil millones de dólares. Ese monto incluiría la perforación de entre 50 y 100 pozos, además de estudios, permisos, caminos, manejo de agua, sistemas de compresión y redes para recolectar y transportar el gas.
Si los resultados permitieran avanzar hacia un desarrollo de mayor escala, la inversión acumulada durante una década podría ubicarse entre 15 mil y 25 mil millones de dólares. La magnitud del desembolso obligaría a definir un esquema de participación pública y privada, con reglas que permitan recuperar capital en proyectos de largo plazo.
Pemex necesitaría apoyo privado y certeza jurídica
Pemex cuenta con experiencia e infraestructura en regiones productoras, pero desarrollar una industria intensiva de gas no convencional demandaría capital adicional, tecnología especializada y capacidades operativas a una escala que difícilmente podría cubrir por sí sola en los plazos previstos.
Por ello, uno de los posibles caminos sería un modelo mixto en el que la empresa estatal conserve la rectoría del recurso y participe junto con inversionistas privados. La certidumbre jurídica, el diseño contractual, la seguridad y la estabilidad de las reglas serían factores decisivos para atraer financiamiento.
Agua e infraestructura, condiciones indispensables
La fracturación hidráulica utiliza agua, arena y otros compuestos inyectados a presión para liberar gas atrapado en formaciones de roca. En las regiones consideradas, antes de autorizar proyectos sería necesario comprobar que existe agua salada profunda suficiente para evitar presiones adicionales sobre el abasto destinado a las comunidades y otras actividades productivas.
También se requerirían caminos, instalaciones de tratamiento y manejo de agua, plantas de compresión y sistemas de recolección. Sin esa infraestructura, incluso un descubrimiento técnicamente viable tendría dificultades para convertirse en suministro disponible para industrias y centrales eléctricas.
México enfrenta así una decisión que no depende únicamente de cuánto gas existe bajo tierra. El eventual desarrollo tendría que demostrar que puede financiarse, operar con reglas estables, contar con agua suficiente y ofrecer beneficios energéticos que justifiquen sus costos y riesgos.