El colectivo Grupo de las 6 denunció ante el Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación a la jueza Tania Virginia Neri Borjas, a quien atribuye haber otorgado una suspensión de trámite acelerado al gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, contra el juicio político iniciado en su contra por el Congreso estatal.
La denuncia fue presentada el 7 de agosto y cuestiona que la resolución judicial impida al Congreso local emitir y someter a votación un dictamen definitivo mientras se resuelve el juicio de amparo promovido por el mandatario.
Cuestionan posible conflicto de interés
Rebeca Clouthier, integrante del colectivo, señaló que la rapidez y el sentido de la resolución generan preocupación sobre la imparcialidad y la independencia del Poder Judicial. También sostuvo que el nombramiento de la jueza contó con el impulso del gobernador y de Movimiento Ciudadano durante el proceso judicial estatal reciente.
El colectivo planteó que esa circunstancia, sumada al beneficio directo para el Ejecutivo estatal, podría representar un conflicto de interés. La denuncia busca que las autoridades disciplinarias revisen la actuación de la juzgadora; la presentación del recurso no implica por sí misma que las acusaciones hayan sido acreditadas.
La suspensión mantiene abierto el juicio político
La jueza Tercera de Distrito en Materia Administrativa de Nuevo León concedió en julio una suspensión provisional dentro del amparo promovido por Samuel García. La medida impide al Congreso emitir una resolución definitiva o someterla a votación, aunque permite que continúen las investigaciones y otras etapas del procedimiento.
El juicio político fue aprobado por la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León el 12 de junio, a partir de señalamientos sobre una presunta triangulación de más de mil millones de pesos. El gobernador ha rechazado las acusaciones y el proceso continúa sujeto a las determinaciones de las autoridades legislativas y judiciales.
La revisión disciplinaria deberá determinar si existen elementos para abrir una investigación formal contra la jueza, mientras el juicio de amparo y el procedimiento político permanecen en curso.