El comunicador, académico y analista político Leonardo Curzio cuestionó los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias y advirtió que su aplicación podría presionar a los medios de comunicación para moderar sus contenidos críticos. En entrevista, sostuvo que el proyecto representa una “declaración de guerra” contra el periodismo de opinión, investigación y análisis.
El anteproyecto fue presentado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y se encuentra en consulta pública del 27 de julio al 21 de agosto de 2026. De acuerdo con la autoridad, busca establecer mecanismos para garantizar que las audiencias reciban contenidos veraces, plurales, claros, respetuosos e incluyentes.
Curzio alerta sobre posibles efectos en los medios
Curzio consideró que los lineamientos pueden favorecer un ecosistema mediático más cercano a la visión del gobierno y generar incentivos para que los concesionarios eviten temas incómodos, como señalamientos de corrupción, escándalos o críticas a las autoridades.
El analista señaló que las eventuales críticas, señalamientos y sanciones podrían inhibir a medios de radio y televisión, particularmente a aquellos que dependen de decisiones administrativas o de la relación institucional con el gobierno. En ese escenario, dijo, algunos concesionarios podrían optar por la autocontención antes que enfrentar conflictos regulatorios.
También cuestionó que una instancia gubernamental pueda asumir un papel de árbitro sobre la forma en que se presentan las noticias, los reportajes o los comentarios periodísticos. A su juicio, la regulación no debe convertirse en un mecanismo para definir qué contenidos son aceptables dentro del debate público.
El proyecto contempla defensores de las audiencias
La propuesta de la CRT establece que los concesionarios de radio y televisión, incluidos los medios comerciales, públicos y sociales, deberán contar con un Código de Ética y un Defensor de las Audiencias. Esta figura tendría la responsabilidad de recibir y atender quejas de las personas que consideren vulnerados sus derechos.
El proyecto también prevé mecanismos para que el órgano regulador intervenga cuando una persona no esté conforme con la respuesta del defensor o cuando el medio no atienda la recomendación correspondiente. La autoridad sostiene que estas medidas buscan proteger a las audiencias y dar mayor transparencia a la atención de inconformidades.
Debate entre protección de audiencias y libertad de expresión
La consulta pública ha abierto un debate sobre los límites entre el derecho de las audiencias a recibir información clara y plural, y la libertad de expresión de periodistas y medios. Mientras el gobierno sostiene que los lineamientos no buscan censurar contenidos, críticos del proyecto advierten que algunas disposiciones podrían utilizarse para presionar o sancionar a concesionarios.
Curzio comparó la propuesta con etapas de mayor control gubernamental sobre los medios en México y con experiencias de otros países donde el poder político ha intentado concentrar la definición de la verdad pública. Además, cuestionó el papel que desempeñarían los medios públicos en la evaluación de contenidos periodísticos.
El proceso de consulta continuará hasta el 21 de agosto de 2026. Durante ese periodo, concesionarios, periodistas, especialistas, organizaciones civiles, instituciones académicas y ciudadanos podrán presentar observaciones antes de que se emita una versión definitiva de los lineamientos.